Una Constitución de 30 años

La Constitución Española de 1978 nació en una situación sociopolítica extremadamente compleja y adversa. Tras cuarenta años sin conocer la soberanía, el pueblo español respiraba un ambiente enrarecido marcado por la ausencia de aquel que había acaparado los tres poderes del Estado durante dicho período de tiempo. De este modo, no es de extrañar el temor generalizado que gobernaba a las Cortes Generales durante la tramitación del proyecto constitucional.
El proceso constitucional orquestado por Adolfo Suárez fue del todo anómalo. En primer lugar, porque no hubo proceso constitucional como tal. No existió gobierno provisional alguno, ni Cortes unicamerales encargados de redactar la Constitución, asuntos imprescindibles cuando se dirime un asunto de tal trascendencia como la “ley de leyes” de un Estado de Derecho. Pero, sin duda alguna, la peor irregularidad de todas fue aquella que decidió prescindir de algunas de las fuerzas Parlamentarias en el proceso, con el objetivo de facilitar el consenso, excusa muy repetida con el fin de justificar algunos de los problemas con los que debían librar los ponentes constitucionales. Así, no estuvieron presentes en la Comisión Constitucional ni el grupo mixto ni la minoría vasca. ¿Es entonces de extrañar que muchos vascos clamen contra la Constitución, o aleguen que no se sienten identificados con ella?

En diciembre del mes entrante, nuestra Constitución cumplirá 30 años, período suficiente para deliberar sin temor alguno acerca de sus principales carencias, algunas de ellas previsibles desde el momento en el que el proyecto se convirtió en un hecho, sometido a referéndum, y convertidas ahora en un auténtico problema nacional.

1. El establecimiento del consenso como principal objetivo lo convirtió precisamente en una limitación, un lastre que perduraría en todas y cada una de las sesiones de las Cámaras. Una de las máximas de los artífices del proceso fue la negación permanente del disenso, así como el intento constante de erradicar el conflicto en todos y cada uno de los temas tratados. ¿Cómo es posible dicha afirmación, si el objetivo era el establecimiento de una democracia, forma de gobierno en la que el pensamiento único no tiene cabida, sino que debe nacer de la confluencia de los conflictos ideológicos de sus ciudadanos? El resultado fue devastador. Si bien la II República se había caracterizado por una activa participación de los españoles (en los que realmente descansa la soberanía nacional) en la política, en parte gracias a la proclividad de los partidos políticos de la época, el nuevo sistema creado por la Constitución de 1978 eliminó dicha participación, desde entonces tan sólo limitada a la elección de los gobernantes cada cuatro años. Si la política es todo lo que tiene que ver con el conjunto de las relaciones entre los ciudadanos en una sociedad organizada, no se entiende que queden excluidos de la vida política, prolongando la desideologización deliberada que promovía el régimen franquista.

2.- El Artículo II decreta: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. La ambigüedad reinante entre la primera parte del artículo y la segunda reflejan con total claridad la constante imprecisión fruto del intento de consenso que domina la discusión los grandes temas del proceso. Hoy en día, treinta años después, el problema de las naciones y pueblos que constituyen la riqueza de la diversidad de la Península, ya presente desde la fundación del reino español, no ha hecho más que agudizarse, hasta acaparar uno de los principales quebraderos de cabeza del Estado. Si entendemos como nación la comunidad que, arrancando de un pasado histórico común y, mediante la síntesis de diversos elementos no exclusivos, intenta constituirse en Estado, no hay duda de que España no es ni mucho menos una unidad indisoluble (concepto con altas connotaciones franquistas), sino un conjunto de naciones que mucho mejor se adecuaría, si observamos detenidamente la historia, al concepto de Estado Federal, cuestión que ni siquiera se contempló en el proceso constitucional.

3.- Otras de las grandes injusticias constitucionales derivan de la existencia de un sistema electoral que no sólo favorece la elección de partidos conservadores por el criterio territorial de representación que se le concede al Senado, primando aquellas provincias con menor número de habitantes (tradicionalmente más conservadoras), sino que también beneficia a las mayorías estables, fomentando un bipartidismo que dificulta la pluralidad y, precisamente, el consenso a la hora de votar determinados asuntos, y condenando al resto de formaciones políticas al ostracismo electoral.

4.- El título X de la Constitución Española la convierte en una de las más rígidas de la esfera europea. La dificultad para llevar a cabo reformas en su seno conduce a un inmovilismo que transmite la sensación de que, en treinta años, la sociedad española a penas ha evolucionado. La modificación de este título es indispensable si realmente queremos una Constitución que reconozca a la historia como una sucesión de logros y avances humanos encaminada hacia una sociedad lo más libre y progresista posible.

5.- El principal pacto de la Constitución fue el del olvido. Dejar aparcados los problemas de la dictadura y la guerra civil era una determinación difícil pero necesaria para lograr un mínimo consenso entre las fuerzas políticas y asegurar el tránsito hacia una España democrática. Sin embargo, tres décadas después de la muerte de Franco y setenta después del fratricida enfrentamiento, el olvido no puede seguir siendo el pilar sobre el que descansa la sociedad española. Muchos han muerto sin poder cerrar las heridas causadas durante el período de guerra y posguerra, y el régimen franquista es uno de los pocos que no han recibido juicio ni castigo alguno.