Una Constitución de 30 años

La Constitución Española de 1978 nació en una situación sociopolítica extremadamente compleja y adversa. Tras cuarenta años sin conocer la soberanía, el pueblo español respiraba un ambiente enrarecido marcado por la ausencia de aquel que había acaparado los tres poderes del Estado durante dicho período de tiempo. De este modo, no es de extrañar el temor generalizado que gobernaba a las Cortes Generales durante la tramitación del proyecto constitucional.
El proceso constitucional orquestado por Adolfo Suárez fue del todo anómalo. En primer lugar, porque no hubo proceso constitucional como tal. No existió gobierno provisional alguno, ni Cortes unicamerales encargados de redactar la Constitución, asuntos imprescindibles cuando se dirime un asunto de tal trascendencia como la “ley de leyes” de un Estado de Derecho. Pero, sin duda alguna, la peor irregularidad de todas fue aquella que decidió prescindir de algunas de las fuerzas Parlamentarias en el proceso, con el objetivo de facilitar el consenso, excusa muy repetida con el fin de justificar algunos de los problemas con los que debían librar los ponentes constitucionales. Así, no estuvieron presentes en la Comisión Constitucional ni el grupo mixto ni la minoría vasca. ¿Es entonces de extrañar que muchos vascos clamen contra la Constitución, o aleguen que no se sienten identificados con ella?

En diciembre del mes entrante, nuestra Constitución cumplirá 30 años, período suficiente para deliberar sin temor alguno acerca de sus principales carencias, algunas de ellas previsibles desde el momento en el que el proyecto se convirtió en un hecho, sometido a referéndum, y convertidas ahora en un auténtico problema nacional.

1. El establecimiento del consenso como principal objetivo lo convirtió precisamente en una limitación, un lastre que perduraría en todas y cada una de las sesiones de las Cámaras. Una de las máximas de los artífices del proceso fue la negación permanente del disenso, así como el intento constante de erradicar el conflicto en todos y cada uno de los temas tratados. ¿Cómo es posible dicha afirmación, si el objetivo era el establecimiento de una democracia, forma de gobierno en la que el pensamiento único no tiene cabida, sino que debe nacer de la confluencia de los conflictos ideológicos de sus ciudadanos? El resultado fue devastador. Si bien la II República se había caracterizado por una activa participación de los españoles (en los que realmente descansa la soberanía nacional) en la política, en parte gracias a la proclividad de los partidos políticos de la época, el nuevo sistema creado por la Constitución de 1978 eliminó dicha participación, desde entonces tan sólo limitada a la elección de los gobernantes cada cuatro años. Si la política es todo lo que tiene que ver con el conjunto de las relaciones entre los ciudadanos en una sociedad organizada, no se entiende que queden excluidos de la vida política, prolongando la desideologización deliberada que promovía el régimen franquista.

2.- El Artículo II decreta: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. La ambigüedad reinante entre la primera parte del artículo y la segunda reflejan con total claridad la constante imprecisión fruto del intento de consenso que domina la discusión los grandes temas del proceso. Hoy en día, treinta años después, el problema de las naciones y pueblos que constituyen la riqueza de la diversidad de la Península, ya presente desde la fundación del reino español, no ha hecho más que agudizarse, hasta acaparar uno de los principales quebraderos de cabeza del Estado. Si entendemos como nación la comunidad que, arrancando de un pasado histórico común y, mediante la síntesis de diversos elementos no exclusivos, intenta constituirse en Estado, no hay duda de que España no es ni mucho menos una unidad indisoluble (concepto con altas connotaciones franquistas), sino un conjunto de naciones que mucho mejor se adecuaría, si observamos detenidamente la historia, al concepto de Estado Federal, cuestión que ni siquiera se contempló en el proceso constitucional.

3.- Otras de las grandes injusticias constitucionales derivan de la existencia de un sistema electoral que no sólo favorece la elección de partidos conservadores por el criterio territorial de representación que se le concede al Senado, primando aquellas provincias con menor número de habitantes (tradicionalmente más conservadoras), sino que también beneficia a las mayorías estables, fomentando un bipartidismo que dificulta la pluralidad y, precisamente, el consenso a la hora de votar determinados asuntos, y condenando al resto de formaciones políticas al ostracismo electoral.

4.- El título X de la Constitución Española la convierte en una de las más rígidas de la esfera europea. La dificultad para llevar a cabo reformas en su seno conduce a un inmovilismo que transmite la sensación de que, en treinta años, la sociedad española a penas ha evolucionado. La modificación de este título es indispensable si realmente queremos una Constitución que reconozca a la historia como una sucesión de logros y avances humanos encaminada hacia una sociedad lo más libre y progresista posible.

5.- El principal pacto de la Constitución fue el del olvido. Dejar aparcados los problemas de la dictadura y la guerra civil era una determinación difícil pero necesaria para lograr un mínimo consenso entre las fuerzas políticas y asegurar el tránsito hacia una España democrática. Sin embargo, tres décadas después de la muerte de Franco y setenta después del fratricida enfrentamiento, el olvido no puede seguir siendo el pilar sobre el que descansa la sociedad española. Muchos han muerto sin poder cerrar las heridas causadas durante el período de guerra y posguerra, y el régimen franquista es uno de los pocos que no han recibido juicio ni castigo alguno.

La hora de la memoria

La historia puede definirse como la ciencia de la memoria , y las instituciones encargadas de elaborarla, estudiarla, conservarla y perpetuarla son historiadores, Academias, Departamentos y Facultades Universitarias. Sin embargo, en ese laberinto memorístico, todos esos elementos se dan de bruces con el aparato judicial, aquel sobre el que descansa el actual Estado de Derecho. Así, resulta imposible cuantificar el número de víctimas del regimen franquista sin excavar en la tierra que el dictador se empeñó en rellenar.

Cientos de familias, unidas o no en asociaciones por la recuperación de la memoria histórica española, consiguieron al fin un halo de esperazna cuando el juez Garzón emitió en un auto sus objetivos, que al menos cumplían los mínimos exigidos por todos aquellos que todavía conservan la esperanza de dar a sus familiares una sepultura decente. Y es que, por extraño que pueda parecerle a algunos, a nadie le resulta gratificador saber que personas con la misma sangre descansan hacinados en algún lugar recóndito que nadie acierta exactamente en precisar.

Sin embargo, el legislativo se mantiene en sus treces una vez más, prolongando ese espinoso pasillo silencioso que la Transición se empeñó en acuñar, perpetuando treinta años más el que fue el objetivo primordial de Franco durante su angustiosa dictadura. Dicho silencio fue necesario, entendido en un proceso ambiguo en el que ninguna de las partes interventoras estaba dispuesta a ceder, y el peligro de una intervención armada del ejército siempre sobrevolaba en medio de una perpetua tensión política e institucional.

Pero esa afonía total presente en la sociedad es totalmente inadmisible, teniendo en cuenta las reivindicaciones de esas centenares de familias, muchos de los componentes las cuales han fallecido sin conocer el paradero de aquellos que tanto lucharon por encontrar. Alegar en estos momentos, tras setenta y dos años, tempranía en el proceso, o el hecho de que se reabrirán heridas, no son más que intentos por ocultar algo por parte de aquellos que tienen alguna cosa que esconder. Abrir las fosas no reabrirá heridas, sino que cerrará aquellas de los que han vivido en vilo durante tantos años, y podrá al final cicatrizar muchas de las agonías de los familiares de las víctimas, convertidos por ende en víctimas de la dejadez de las administraciones durante años y años.

El debate está abierto, hay un juez dispuesto a eliminar las trabas legales que se puedan presentar ante el caso, y, por tanto no hay que desperdiciar una oportunidad que quizás sea la única. POrque ahora es el momento, porque nunca habrá un consenso total en esta España que sigue dividida, y que continuará así hasta que aquellos que se oponen a romper con las trabas del silencio, y que con ello encadenan a la historia y al conocimiento de la humanidad se decidan a hacer justicia otorgando el derecho de las víctimas a conocer el paradero de sus familiares, caídos por la feroz represión ejercida por un régimen tiránico e ideológico.

La libertad de los pueblos

Oímos continuamente historias sobrecogedoras de asesinatos y violencia callejera en ese territorio tan desconocido, anexionado a la Península, llamado Euskadi. Pero, en realidad, basta con una rápida encuesta sobre la población para comprobar el gran desconocimiento que respecto a este país maravilloso, repleto de paisajes emblemáticos y una historia apasionante, mantiene la sociedad en general.

Conviene aclarar y matizar algo que los medios de comunicación tienen bastante descuidado, a pesar de su importante envergadura dentro del sistema español, como es el conflicto vasco. La simplicidad y uniformidad en que parece anclada la actual sociedad de la información, quizás empujada por la rapidez de vida, las prisas o el escaso tiempo dedicado a la reflexión, crea una división de párvulos en cuanto al problema que existe en el País Vasco. Así, dicha simplicidad nos conduce a asociar a los nacionalistas con los terroristas, etarras con rostro de políticos que no hacen más que alentar el asesinato y el miedo. Sin embargo, no todo se reduce a la estereotipada visión de un mundo con dos bandos (buenos y malos), sino que cabe matizar, en todos y cada uno de los aspectos importantes de esta vida. No todo es blanco o negro, afortunadamente, aunque la amplia gama parece causar pavor intelectual entre las masas.

El nacionalismo, esa corriente en peligro de extinción como consecuencia de la continua propaganda por la unidad, muy típica en España desde el principio de los tiempos, no es más que la defensa de unas culturas, tradiciones y, sobre todo, un lenguaje, con el objetivo de que se pierda. Pese a que se especula mucho con la amenaza que pueden suponer lenguas como el euskara o el catalán para el español, lo cierto es que éstas continúan muy minoritarias, y tienden a la desaparición. Por lo tanto, no hay por qué temer a aquellos que, defendiendo sus propios valores desde la no violencia, pugnan históricamente por conseguir una menor dependencia de un país que no consideran como propio.

Lo cierto es que la presencia de Euskadi en España es bastante ilógica, y sólo responde a consecuencias del propio azar físico de la formación de los territorios. El pueblo euskaldun poco tiene que ver con el español, si nos atenemos a la lengua (que no deriva de ninguna de las conocidas en Europa) o a la cultura vasca. No es de extrañar que este rasgo diferenciador haya impulsado una vertiente nacionalista en tierras vascas, que persiga la independencia. Sin embargo, el mucho más perverso nacionalismo español, que alenta a la unidad perpetúa de las naciones, se ha encargado de reprimir con saña al resto de culturas que cohabitan en la península, acto siempre saldado impunemente. Pero si una mayoría ciudadana que no se considera española quiere desprenderse de esta denominación impuesta, ¿por qué no hacerlo? ¿No es la democracia la consecuencia de la voluntad popular? ¿Por qué una consulta al pueblo es ilegal entonces?

La tensión en Euskadi ha sido siempre insostenible. En un país en el que no existe la libertad de expresión, y en el que es obligado el posicionamiento sin matices, es muy difícil disfrutar de esa riqueza que el idioma y la cultura vasca otorga al pueblo. Continuamente, desde Madrid se ha respondido a las intenciones nacionalistas de algunos partidos políticos con que “primero el fin de la violencia, luego la autodeterminación”. Es éste el principal problema del conflicto, el que lo encadena a una espiral de violencia perpetua que jamás cesará. Alguien tiene que ceder, por lo tanto, y no parece que ETA esté dispuesta a ello.
La tozudez ciega del gobierno le impide ver las cosas de forma clara, y el diálogo con la mayoría nacionalista vasca para poner fin al conflicto debe ser el cimiento sobre el que se base el proceso de paz. No se trata de no ceder a ninguna exigencia, porque, como hemos dicho, no existen dos únicos bandos, sino que existen individualidades sometidas a las presiones de una sociedad que no admite de medias tintas. O se apoya el radicalismo de los grupos abertzales o se está contra el nacionalismo. Y no es así.

La sociedad vasca está harta de tanta muerte, de tanto sufrimiento, de miradas furtivas y controles exhaustivos de sus vidas. La solución, como se vio en Irlanda, pasa por el diálogo, ni más ni menos. Y no sólo del diálogo con los terrositas, el cual se ha visto frustrado en numerosas ocasiones, sino también con los nacionalistas, la fuerza de mayor apoyo en la sociedad, a la que parece desatenderse con esta omisión. Mientras esto suceda y todas las partes sigan con su tozudez intransigente, la cultura vasca seguirá siendo la víctima injusta de los delirios e incapacidades de los hombres. Quizás una reforma de la Constitución, que someta a tela de juicio el Estado de las autonomías, injusto para aquellos pueblos que aspiran a constituirse como naciones, encaminado a una revisión de un futuro federalismo, sea otro posible camino a trazar. Sólo un estado como el federal, que permite la descentralización progresiva del poder, es el más justo para España, teniendo en cuenta la variedad de culturas que entre sus fronteras se vive, a excepción de cualquier otro de los países de la Unión Europea. La unificación del poder, sin embargo, más propias de tiempos atrasados vinculados con el franquismo, somete a los pueblos a las órdenes centrales y angustia la pluraridad de voces, fomentando el bipartidismo y la carencia de ideas alternativas.

Los delitos del tío Sam en su patio trasero

El control que históricamente han ejercido los Estados Unidos sobre América Latina –siniestramente conocida como su patio trasero- no es nada nuevo. De hecho, Latinoamérica ha intentado desde siempre vencer ese yugo norteamericano, intentando desmarcarse de esa denominación fruto del obligado imperialismo al que Washington se acoge desde el principio del capitalismo moderno. Resultan de sobra conocidos casos como los de Chile, donde fue derrocado Salvador Allende, Nicaragua, en el caso del Frente Sandinista o, más recientemente, en Venezuela. Las técnicas neoconservadoras actuales no hacen más que acelerar el interés expansionista de Estados unidos, tejiendo toda una tela arácnida que intenta englobar los países en los que las reservas energéticas se erigen como un jugoso aperitivo para la que muchos llaman la democracia más avanzada del mundo.

Es el caso de Venezuela, principal motivo de preocupación estadounidense, al tratarse del primer productor de petróleo del hemisferio occidental, incluso mayor que Arabia Saudita si el precio del crudo se mantiene lo suficientemente alto para que la costosa explotación de su petróleo resulte rentable. En dicho país, el gobierno de Bush ejerció su típica ofensiva bipolar. Pero parece que sus estrategias están perdiendo la efectividad que tuvieron antaño. Por un lado, utilizando la violencia, patrocinaron un golpe de Estado en 2002, que consiguió encerrar entre rejas al presidente elegido democráticamente, Hugo Chávez. Sin embargo, la presión popular favorable a Chávez, cuyo apoyo democrático es la envidia de los países occidentales, consiguió restaurar el gobierno y echar a los militares del país.

Al parecer, como bien dice el intelectual y activista Noam Chomsky, en América Latina “se toman la democracia mucho más en serio que en Occidente y el derrocamiento de un gobierno elegido democráticamente no se acepta sin rechistar”. Por otro lado, la presión económica que intenta someter a estos países al yugo norteamericano también comienza a resentirse. Los países latinoamericanos están logrando vencer las deudas contraídas con el FMI, que básicamente viene a ser una ramificación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y ahora es Venezuela quien les ayuda en la economía de forma más independiente. Argentina ya anunció que se libraría del FMI, uno de los causantes de su grave crisis económica, al igual que Brasil, en lo que parece por fin un vencimiento de la opresión a la que durante tantos siglos han estado atados estos países.

Al parecer, estas premisas no son vistas con el mismo criterio en nuestros países, los medios españoles –a excepción de Público- no dudan en atacar a la yugular a los gobiernos de izquierdas de América Latina, tachándolos de “populismo radical”, término utilizado para designar al nacionalismo independiente que no obedece órdenes. Aún así, la presencia militar de Estados Unidos en América Latina sigue aumentando significativamente. En Bolivia, principal productor de gas natural del continente, done el gobierno fue elegido por la mayoría indígena, los ricos perjudicados y culpables de la pobreza del país amenazan con un proceso de autonomía que pondría en peligro los grandes logros en materia de igualdad y educación del presidente Evo Morales. El conflicto ha sido vivido en España con la dudosa moralidad del principal diario, declarado de izquierdas.

El diario El País no dudaba en achacar los graves conflictos a los intentos de Evo Morales en afianzar un autoritarismo antidemocrático bien alejado de la realidad. Tanto en Venezuela como en Bolivia, los gobernantes han sido ratificados recientemente en el poder mediante consultas legales en los que la mayoría popular les ha devuelto la confianza, ante la masa enfurecida de burgueses, que ven peligrar sus exclusivistas riquezas.

La Masa

Cuando el Antiguo Régimen se derrumbó, auspiciado por las continuas revoluciones que sacudían al planeta de principio a fin, surgió una nueva sociedad en la que la gente parecía haberse multiplicado por momentos. Se trataba de la nueva sociedad de masas, con más cantidad de ciudadanos, de personas, de mentes pensantes con sus derechos y deberes correspondientes. Los principales perjudicados por los cambios del nuevo mundo de posibilidades fueron, precisamente, las masas. Sujetos físicos que, juntos, dejan de tener nombre para convertirse en parte de la mayoría, sin corazón ni relevancia alguna.

La masa es manipulable, moldeable con extrema facilidad. Carece de autocontrol, es impotente, tiene que ser manipulada, manejada desde fuera porque ella no tiene, por ser masa, esa capacidad. Algunos intelectuales no tardaron, además, de cargar contra ellas, de forma incendiaria. Freíd las calificó de “chusma ansiosa de placer y destrucción”. Ortega y Gasset afirmó que Occidente estaba en crisis de valores, que la civilización ilustrada estaba en peligro, como consecuencia de la llegada de “la masa de bárbaros sin espíritu” ¿Por qué ese trato despectivo por parte de los cerebros más prestigiosos de la época? Trascendamos la barrera de lo sensible y tratemos a las masas como lo que son, seres humanos físicos y tangibles.

En la práctica, esa masa de la que hablan dichos autores no es otra cosa que el proletariado. Gente pobre inculta, que huele mal, que a penas come y que contagia al pueblo ilustrado con su flagrante herrumbrosidad. Son los currantes, al fin y al cabo, los hijos y nietos de explotados por el régimen feudal que siguen estándolo, aunque ahora bajo patrones sin escrúpulos. Por si no fuera poco, estas masas sin nombre tienen que cargar con las etiquetas clasistas que los ricos intelectuales se encargan de ponerles, preocupados por las rebajas intelectuales que necesariamente asaltan a la sociedad cuando se masifica en exceso.

Otro poeta y, por lo tanto, pensador, aunque en esta ocasión de los más necesitados, Antonio Machado, también se refirió al conjunto de trabajadores: “Las masas son un invento de la burguesía para atropellarlas mejor”. No tardaron en darse cuenta éstas de que, si se organizaban, podrían poner en peligro todo el sistema de valores y miseria al que el nuevo capitalismo del siglo XX les arrastraba. Surgido así el movimiento obrero, las huelgas, conflictos y guerras civiles volvieron a sacudir el planeta, amenazando al poder y colocándolo patas arriba. Entonces, la acción política, no dudo en presentar a la sociedad como amorfa, sin espíritu, descontrolada. Mediante la propaganda, presentó a las masas como culpables de todos los males, descontroladas, así que nació la política moderna, que no es otra que una política de control extremado de los ciudadanos. La democracia no es posible sin las masas, pero tampoco sin el control que las instituciones ejercen sobre ellas. Una política moderna no es libre, por tanto, pues necesita ser controladora y represora.

Hoy en día, el Estado sigue interesado en tener a las masas bien atadas. El control del pensamiento se agudiza con el paso del tiempo, y las luchas y movimientos sociales se resienten. Ni siquiera en épocas de crisis, donde los que acaban por sufrir más son esos currantes a los que nos referíamos, surgen las más mínimas protestas callejeras, y los sindicatos parecen reducidos inevitablemente a la mínima expresión.