Cómo criminalizar la desobediencia civil

Anna, sábado 23 de octubre. Un grupo de jóvenes se convoca a las puertas de un acto institucional del que serán partícipes el presidente de la Generalitat, Francisco Camps y el de la diputación, Alfonso Rus. El secretismo del Partido Popular del municipio entorno a la visita de los dirigentes ofrece un escaso margen de tiempo a los manifestantes para preparar la convocatoria. Al final, sólo un grupo de unos diez jóvenes acude. El PP ha logrado desactivar en parte la protesta. Camps, además, no había comunicado oficialmente su estancia entre la comitiva.

A la movilización se suman indirectamente algunos padres de alumnos de la localidad. El Partido Popular prometió en 2007 la inminente construcción de un colegio largamente reivindicado por la comunidad educativa de Anna durante años. Algunos padres y madres colocan pancartas (poco visibles) frente al acto institucional. La AMPA del colegio Ramón y Cajal ha desestimado como asociación estar presente en la protesta y sólo son dos o tres interesados quienes, a título individual, participan. Da la coincidencia de que la presidente de la AMPA del municipio es, precisamente, edil del PP en la oposición. Como ella, la mayor parte de madres y padres simpatizan con su ideario y deciden no participar para no dejar mal parados a sus ídolos políticos. Alarma el partidismo que preside el mundo de la escuela y sus órganos de gobierno. La nula independencia impide que a los oídos de Camps llegue la reivindicación de los padres y los alumnos, que conviven en un centro con nulas medidas de seguridad.

El grupo de jóvenes protestan contra la futura construcción de un macrovertedero en el adyacente municipio de Llanera de Ranes. El portavoz del Partido Popular asegura que están alentados por el equipo de gobierno de Anna y acusa directamente a un edil de provocar la protesta. La jefa de prensa del PP lanza la misma hipótesis ante los medios. Los jóvenes, sin embargo, se declaran independientes de cualquier organización política, únicamente movidos por una causa que consideran justa, miembros de un colectivo cívico. Pacíficamente despliegan sus pancartas. De manera inmediata, se ven cercados por seis miembros de la policía vestidos de paisano y por el jefe de la Policía local. Éste último les engaña deliberadamente impidiéndoles ejercer su libre derecho a la libertad de expresión y protesta, propio de toda democracia avanzada. Asegura que el jefe del Consell llegará por un lado y les prohíbe desplazarse. Al final, el truco se desvela. Camps acude por el lado contrario.

La policía ha logrado su objetivo. En connivencia con el poder político, criminaliza la desobediencia civil y consigue desarmarla. Camps se va de rositas, evitando cruzarse con los manifestantes. La causa justa se desvanece cuando jóvenes de Nuevas Generaciones increpan a los manifestantes tachándolos de “guarros”, como los fachas llaman a la gente de izquierdas. Son jóvenes de las comarcas que se verán afectadas por el macrovertedero. Jóvenes conservadores que se comportan como tales: no protestando por las injusticias, conformándose con el estado de cosas existente y vistiendo muy correctamente, absolutamente partidistas y de ninguna manera independientes.

Pero el momento estelar llega al final. Alfonso Rus hizo gala de su catálogo de buenas maneras y, sin venir a cuento, lanzó todo tipo de improperios contra los activistas anti-vertedero a su salida del evento. Palabras extremadamente malsonantes, cortes de manga, descalificaciones personales e incluso un amago de agresión. Todo un representante de una buena parte de los valencianos burlándose de los métodos democráticos, de los ciudadanos que le votaron y lanzando por los aires el civismo. ¿Qué hicieron los militantes populares allí congregados? Lejos de condenar a Rus, su líder ideológico y espiritual, su musa, su imagen de poder, lo aplaudieron. Alabaron una actitud tan despreciable que daña los mismos cimientos del Estado democrático español. Jóvenes y ancianos alineados contra gente de su propio pueblo, insultando también, contagiados por la actitud de su bajito dirigente.

Junto a la policía, hay un sector de la población que también criminaliza a los desobedientes. Son conformistas resentidos porque saben que, en el fondo, se identifican con la causa de los que protestan. A la policía le pasará igual. Varios miembros de la Plataforma No al Macrovertedero de Llanera denuncian que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado les tienen totalmente fichados. A alguno le llegaron a preguntar domicilio y situación laboral en una manifestación, sin venir a cuento. A otro, durante la convocatoria del sábado, lo acompañan hasta el baño. Reducen a los desobedientes a la condición de terroristas y, al mismo tiempo, consiguen disuadir a otros potenciales desobedientes que no quieren verse metidos en bases de datos policiales ni enfrentarse a masas conservadoras cargadas de ira contra su inconformismo.