Un centenar de personas se manifiesta contra las actuaciones de la empresa Cabañal2010

La destrucción del emblemático barrio de El Cabanyal, en Valencia, ya es un hecho. Y las presiones a los vecinos que se oponen al proyecto promovido por el Ayuntamiento, también. Para ello, se creó la empresa mixta (público-privada) Cabañal2010 SA, detrás de la cual se encuentra el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat con la mitad de las acciones, y un conglomerado de doce empresas constructoras e inmobiliarias con la otra mitad. Este órgano, cuya sede tiene lugar en el mismo barrio, está desarrollando un plan dirigido a asediar a los vecinos de la zona, a cercar su vida cotidiana y a estrangular las voces de los que protestan.

Las denuncias ante estas acciones no se han hecho esperar y, el pasado martes 13, alrededor de un centenar de personas de toda condición (jóvenes y adultos, vecinos y no vecinos) se concentraron ante la sede de Cabanyal2010 ante el eslogan: “Per la nostra dignitat, fem fora Cabanyal2010”. Sin embargo, la actuación de las fuerzas policiales (alrededor de 50 operarios) no se hizo esperar, y, ante su intento de disolución, el punto inicial de encuentro tuvo que ser trasladado unos metros a lo largo de la calle, donde la sede no corriera peligro y bien visible y amplio para que la concentración fuera cercada y acorralada por la policía. Pacíficamente, aunque claramente denostada por la actuación de las fuerzas de seguridad, la concentración se prolongó a lo largo de media hora, en la que se sucedieron los eslóganes: “Del Cabanyal, no pasarán” y se pronunciaron diversos comunicados a través de las asociaciones de vecinos y de algunos colaboradores del proyecto “Salvem el Cabanyal”.

La prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, considerada por el Ayuntamiento de Valencia como de “interés público”, prevé la destrucción de 1651 viviendas en el carismático barrio de pescadores de Valencia, declarado patrimonio histórico de la ciudad. La falta de un servicio de limpieza en la zona, la proliferación de solares provocados por los intermitentes derribos o la permisividad del trapicheo de droga no ha hecho más que agravar la situación en la vida cotidiana del barrio. José Balaguer, un vecino del mismo, que, a sus 86 años, ve como la expropiación de su casa es un hecho, asegura que se siente indefenso y por ello se ha reivindicado varias veces. Afirma que, pese a que su casa está valorada en dos millones, le van a dar la mitad por ella. “Es una injusticia que, a mis años, me dejen sin casa”, ratifica. Sólo es una de las tantas personas afectadas por la situación. Muchas de ellas se han tenido que enfrentar a realojos en viviendas que carecían de los servicios mínimos (luz, agua, gas…). De momento, la esperanza por la paralización continua presente en los vecinos, pero la justicia parece mirar hacia otro lugar.