Injusta justicia

La sociedad ilustrada tenía el firme compromiso de velar por la justicia igualitaria para todo el mundo, incluyendo las clases tradicionalmente consideradas subalternas. Por supuesto, como en toda sociedad de carácter estamentario y de concentración del poder, el compromiso era en realidad una mera declaración de principios, una de tantas cosas que salen de las bocas de los políticos para mantener contenta y bajo una vida ilusoria a las clases más desfavorecidas. Llegó la sociedad moderna. Y luego la posmoderna. Y la justicia no cambió un ápice. Siguió siendo un mero instrumento controlado y dirigido por el poder para beneficiar a los poderosos.

El Estado Español se ve azotado por numerosos escándalos de corrupción. “Escándalos” que no dejan de ser eso, meras portadas en diarios e informativos que no se traducen en nada tangible. El firme compromiso de la justicia desaparece cuando de juzgar poderosos se trata. ¿Qué ha pasado con Ric Costa, ese superpijo portavoz popular que ha terminado siendo devuelto a su sillita en Les Corts, pese a ser apartado del partido por cohecho? Nada de nada. Lo mismo que pasará con Francisco Camps, pese a estar más que demostrada, con pruebas y conversaciones más que tangibles, su implicación (nada presunta) en la trama Gürtel. Nada sucederá con los detenidos esta semana en Murcia, también del PP (¿casualidad?) por los mismos cargos relacionados con delitos urbanísticos.

Algo pasa cuando el cuerpo policial funciona a las mil maravillas, orquestando brillantes operaciones que descubren las tramas de los que nos gobiernan, pero sus investigaciones no llegan a ningún puerto. Se pierden en un camino que obstaculiza demasiado juzgar a alguien cuando tiene una mínima resonancia política o pública. La politización de la justicia y esa absurda división del TSJ en populares y socialistas no hace más que caminar en ese sentido. Dicen que la democracia y el Estado Moderno se asientan en un pilar fundamental, pero ese pilar ya hace tiempo que se resquebrajó. La democracia muere en los cajones de la burocracia de los juzgados y, mientras tanto, quienes cargan con las consecuencias de todo este berenjenal de chorizos extorsionados no es otro que el pueblo llano. Como siempre. Como en todas las épocas, en todos los siglos.

Y luego llegan las manifestaciones. El pueblo clama contra sus gobernantes. En Zarra, los manifestantes contra el almacén nuclear que el Gobierno les quiere imponer, han sido denunciados por la policía por “obstrucción del tráfico”. Quedaron marcados por una justicia que no se sabe muy bien a quién sirve, y ahora, humillados y escarmentados para lo que queda de manifestaciones. Lo mismo ha ocurrido con el caso del Cabanyal. La policía nacional al servicio del señor delegado del Gobierno fue quien aporreó a decenas de manifestantes que, pacíficamente, realizaban una sentada para paralizar los polémicos derribos. Moretones y palo a raudales. Sin embargo, ahora los denunciados y condenados no son los azules, sino los propios vecinos. A la otra se lo pensarán dos veces antes de protestar para que no derriben sus viviendas.

Es entonces cuando, comparando a unos malhechores con otros, los que cumplen condena con los que se libran, te das cuenta de que algo falla. ¿No te ha pasado?

El cáncer del bipartidismo

A nivel local, el bipartidismo es un cáncer para la democracia. Los partidos se convierten en cúpulas burocratizadas, sometidas a los dictados que les mandan desde arriba, los líderes supremos. En Anna, recientemente, ha vuelto a ocurrir. El Partido Popular votó en el último pleno en contra de dos mociones presentadas por el equipo de gobierno, formado por la coalición PSPV-Idean, pese a estar conforme. Ese es el sistema kafkiano y democrático por el que supuestamente se rige el gobierno supuestamente adulto de nuestra sociedad.

En la primera medida, la moción proponía el incremento de las subvenciones a la Federación de Bandas de Música, que han sufrido una reducción drástica de las mismas en el mismo año, contando con una deuda de miles euros. Las bandas plantean echarse a la calle para que se les escucha, pero el Consell, mira hacia otra parte. Entre ser austeros, prefieren quitar dinero a las bandas de música –una cuestión que políticamente no les afecta demasiado- que pagarle el canon anual a Ecclestone o no celebrar la Copa América. Es cuestión de prioridades. Y en el PP de Rita y Camps, esas prioridades sobrepasan las de nosaltres, els valencians (que diría Fuster).

En fin, volviendo al asunto. ¿Realmente está el PP de Anna en contra de subir esas subvenciones a las bandas? Claro que no. De hecho, su mandamás manifestó su apoyo a la banda de la localidad, pero, por “órdenes de arriba” no podía votar favorablemente, lo cual no puede ser más lamentable. Al final, nos damos cuenta de que el aparato de apariencia democrático que rige nuestras vidas no es más que un ente tan burocratizado que alcanza la categoría de deídad totalitaria. En definitiva, las decisiones de nuestros gobernantes parecen sobrepasar la voluntad popular. ¿Realmente algún ciudadano annero que vote al Partido Popular no querría que no disminuyeran tan drásticamente la financiación a las bandas de música? Claro que no. ¿Representa realmente el partido a los ciudadanos? Por supuesto que no. Entonces, ¿nos representan los políticos verdaderamente? Es una cuestión que hay que plantearse seriamente.

El lastre del bipartidismo, cada vez más agudizado, conduce a una situación de reduccionismo simbólico del debate en la sociedad. Las informaciones se limitan a meros cruces de declaraciones entre los portavoces de los principales partidos, sobre no se qué estupidez. Basta que un partido esté a favor de cierta cosa para que el otro se posicione en contra, obligado a no darle la razón al otro. Ideológicamente, los partidos locales han perdido la identidad, y son meras marionetas manejadas aleatoriamente por las direcciones generales. Si al PP lo mandan desde Génova, al PSOE, lo mandan desde el equipo de gobierno. ¿Alguien ha escuchado a algún concejal socialista hablar mal del Plan E en público? Se pierde el hecho de discrepar. Todos los socialistas tienen que estar conformes con las posturas del gobierno, y viceversa. Los que no, se consideran disidentes, un lastre para el partido, son expulsado.

A lo que vamos es que el centralismo político nos quita posibilidades de diálogo. Las decisiones que se toman en Madrid son acatadas sin discrepancias por los políticos de toda la Península. Pero la experiencia nos muestra que la virtud verdadera está en el diálogo entre todas las fuerzas políticas, entre todas las corrientes. La virtud está en el descentralismo. La descentralización del poder lo convierte en un ente menos ofensivo y autoritario. Disolviéndose, gana capacidad de reacción. La riqueza está en la diversidad. Los partidos políticos son como religiones que imponen sus dogmas. Unos dogmas que son acatados fielmente por sus militantes, en forma de obleas consagradas. ¿Es este el espíritu libre que queremos de una sociedad democrática? Definitivamente, no.

El federalismo puede ser una opción, más o menos utópica, para la sociedad española. En realidad, es una opción seria, adaptada a la realidad de nuestros territorios, históricamente ricos y diversos. Quizás incluso sea una solución de futuro para lo que muchos consideran “el problema vasco” o “el problema catalán”. En estas comunidades lingüísticas y culturales distintas a la española, los partidos nacionalistas son considerados un lastre, porque rompen con la tradición de acatamiento respecto a las directrices que generan los grandes partidos.

Recientemente, un movimiento de “partidos independientes” (algo que puede resultar irrisorio) parece dar una esperanza a aquellos ciudadanos que ven como las rencillas internas y los dogmatismos que se producen entre los dos grandes partidos acaban por no satisfacer a la voluntad popular que es, en última estancia, en quien reside la soberanía. Grupúsculos de ciudadanos unidos únicamente por salvar sus intereses. ¿No suena romántico?

El desencanto hacia los gobernantes

No es extraño –sobre todo en estos días de vuelta a las campañas para las elecciones electorales- escuchar diferentes mensajes procedentes de los canales institucionalizados, cohesionados en torno a una crítica de la actual desavenencia que la juventud española siente por la política. Y es cierto. De manera omnipotente escuchamos a amigos y familiares eludir la palabra política y, cuando aludes el tema, no dudan en silenciarte tachándolo de “aburrido” y “no interesante”.

¿Quién es el culpable de esta situación? ¿A qué se debe esa lejanía entre los gobernantes y los ciudadanos? Teniendo en cuenta que, en su sentido etimológico, política significa forma de organización social, es lógico que ninguno de nosotros o nosotras puede escapar de ella, en tanto en cuanto vivamos en la sociedad. Con lo que el desencanto es más bien hacia esa institucionalización de la política, copada por una pequeña minoría ilustrada que la actual teocracia democrática capitalista considera que necesitamos para que las masas no nos volvamos “descarriadas”, ya que somos incontrolables, dicen.

La actual situación de dominación política es casi tiránica, porque las clases gobernantes se encuentran en la cúspide de la pirámide imaginaria del poder, desde donde emiten continuos mensajes unidireccionales, sin esperar repuesta. Por lo tanto, no se le puede llamar comunicación a lo que establecen con la ciudadanía, ya que a ésta se le niega su capacidad de decisión, y tan sólo se recurre a una porción de ella al demandar un puñado de votos cada cuatro años, con lo que se supone queda legitimado todo el trabajo y las medidas que propongan las clases altas gobernaticias. Así, legitimamos su corrupción, sus gastos privados con dinero público, la propaganda incendiaria durante campaña y las escasas medidas que realmente benefician al pueblo.

Si comunicar es “producir comunidad”, los políticos y las políticas debería aprender a escuchar, a no dejarse embaucar por los maletines de cohecho a diario llaman a las puertas de sus despachos. Y es ahí donde el actual modelo supuestamente democrático falla. ¿Qué persona con semejante poder no se dejaría vender por un fajo de billetes de 500 euros? Mientras el sistema democrático no sea horizontal, y las clases gobernantes seamos los ciudadanos y ciudadanas de a pie, organizados en estructuras de acceso universal e igual capacidad decisoria, seguiremos legitimando y normalizando las graves tropelías que desde el poder día a día se cometen.

Poder y avaricia van de la mano. Y ésta primera palabra representa lo peor de la condición humana. El ego elevado a la máxima potencia, el sentimiento de divinidad más cerca de nunca, la capacidad de destruir a tus enemigos con tan sólo apretar un botón. Tenía razón Elisée Reclus cuando dijo que la ausencia de gobierno, la anarquía, es la más alta expresión del orden. Entendemos por orden la condición natural del ser humano, guiada por los principios de la ética civilizada y no sometida a unas normas estrictas que acaban limitándonos, convirtiéndonos en ese ser plano, robotizado y con escaso margen de maniobra, que Marcuse llama "hombre unidimensional"

Una Constitución de 30 años

La Constitución Española de 1978 nació en una situación sociopolítica extremadamente compleja y adversa. Tras cuarenta años sin conocer la soberanía, el pueblo español respiraba un ambiente enrarecido marcado por la ausencia de aquel que había acaparado los tres poderes del Estado durante dicho período de tiempo. De este modo, no es de extrañar el temor generalizado que gobernaba a las Cortes Generales durante la tramitación del proyecto constitucional.
El proceso constitucional orquestado por Adolfo Suárez fue del todo anómalo. En primer lugar, porque no hubo proceso constitucional como tal. No existió gobierno provisional alguno, ni Cortes unicamerales encargados de redactar la Constitución, asuntos imprescindibles cuando se dirime un asunto de tal trascendencia como la “ley de leyes” de un Estado de Derecho. Pero, sin duda alguna, la peor irregularidad de todas fue aquella que decidió prescindir de algunas de las fuerzas Parlamentarias en el proceso, con el objetivo de facilitar el consenso, excusa muy repetida con el fin de justificar algunos de los problemas con los que debían librar los ponentes constitucionales. Así, no estuvieron presentes en la Comisión Constitucional ni el grupo mixto ni la minoría vasca. ¿Es entonces de extrañar que muchos vascos clamen contra la Constitución, o aleguen que no se sienten identificados con ella?

En diciembre del mes entrante, nuestra Constitución cumplirá 30 años, período suficiente para deliberar sin temor alguno acerca de sus principales carencias, algunas de ellas previsibles desde el momento en el que el proyecto se convirtió en un hecho, sometido a referéndum, y convertidas ahora en un auténtico problema nacional.

1. El establecimiento del consenso como principal objetivo lo convirtió precisamente en una limitación, un lastre que perduraría en todas y cada una de las sesiones de las Cámaras. Una de las máximas de los artífices del proceso fue la negación permanente del disenso, así como el intento constante de erradicar el conflicto en todos y cada uno de los temas tratados. ¿Cómo es posible dicha afirmación, si el objetivo era el establecimiento de una democracia, forma de gobierno en la que el pensamiento único no tiene cabida, sino que debe nacer de la confluencia de los conflictos ideológicos de sus ciudadanos? El resultado fue devastador. Si bien la II República se había caracterizado por una activa participación de los españoles (en los que realmente descansa la soberanía nacional) en la política, en parte gracias a la proclividad de los partidos políticos de la época, el nuevo sistema creado por la Constitución de 1978 eliminó dicha participación, desde entonces tan sólo limitada a la elección de los gobernantes cada cuatro años. Si la política es todo lo que tiene que ver con el conjunto de las relaciones entre los ciudadanos en una sociedad organizada, no se entiende que queden excluidos de la vida política, prolongando la desideologización deliberada que promovía el régimen franquista.

2.- El Artículo II decreta: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. La ambigüedad reinante entre la primera parte del artículo y la segunda reflejan con total claridad la constante imprecisión fruto del intento de consenso que domina la discusión los grandes temas del proceso. Hoy en día, treinta años después, el problema de las naciones y pueblos que constituyen la riqueza de la diversidad de la Península, ya presente desde la fundación del reino español, no ha hecho más que agudizarse, hasta acaparar uno de los principales quebraderos de cabeza del Estado. Si entendemos como nación la comunidad que, arrancando de un pasado histórico común y, mediante la síntesis de diversos elementos no exclusivos, intenta constituirse en Estado, no hay duda de que España no es ni mucho menos una unidad indisoluble (concepto con altas connotaciones franquistas), sino un conjunto de naciones que mucho mejor se adecuaría, si observamos detenidamente la historia, al concepto de Estado Federal, cuestión que ni siquiera se contempló en el proceso constitucional.

3.- Otras de las grandes injusticias constitucionales derivan de la existencia de un sistema electoral que no sólo favorece la elección de partidos conservadores por el criterio territorial de representación que se le concede al Senado, primando aquellas provincias con menor número de habitantes (tradicionalmente más conservadoras), sino que también beneficia a las mayorías estables, fomentando un bipartidismo que dificulta la pluralidad y, precisamente, el consenso a la hora de votar determinados asuntos, y condenando al resto de formaciones políticas al ostracismo electoral.

4.- El título X de la Constitución Española la convierte en una de las más rígidas de la esfera europea. La dificultad para llevar a cabo reformas en su seno conduce a un inmovilismo que transmite la sensación de que, en treinta años, la sociedad española a penas ha evolucionado. La modificación de este título es indispensable si realmente queremos una Constitución que reconozca a la historia como una sucesión de logros y avances humanos encaminada hacia una sociedad lo más libre y progresista posible.

5.- El principal pacto de la Constitución fue el del olvido. Dejar aparcados los problemas de la dictadura y la guerra civil era una determinación difícil pero necesaria para lograr un mínimo consenso entre las fuerzas políticas y asegurar el tránsito hacia una España democrática. Sin embargo, tres décadas después de la muerte de Franco y setenta después del fratricida enfrentamiento, el olvido no puede seguir siendo el pilar sobre el que descansa la sociedad española. Muchos han muerto sin poder cerrar las heridas causadas durante el período de guerra y posguerra, y el régimen franquista es uno de los pocos que no han recibido juicio ni castigo alguno.

Un mundo feliz

En los despachos de Bruselas no hace mucho que se ha fraguado una nueva y brillante idea, en esa batalla encarnizada que convierte a los eurodiputados en sagaces defensores de los valores y culturas europeos, si es que la globalización todavía los ha dejado en pie. La tarjeta azul permitirá a los Estados la contratación de los inmigrantes que realmente lo merecen, es decir, los cualificados. Que ventaja tan extraordinaria, que avance en las libertades y en los derechos humanos, así como en el derrumbe de las barreras. En 1989 cayó el muro de Berlín, pero desde entonces, esta Unión Europea no ha hecho más que levantar nuevos e infranqueables. En este juego de ricos y pobres, de afortunados y desgraciados, el dinero es el único agente decisivo, el único que toma las decisiones, porque cuando estos ministros europeos se miran al espejo tan sólo pueden ver la figura inquebrantable y redondeada del euro, sonriendo a la vez que desprende un fulgor espectral, casi imposible. Parece que la crisis económica mundial es el pretexto perfecto para que los políticos resurjan las trampas y veleidades más injustificables que se esconden tras la civilización, y que resurgen así de vez en cuando. Cuando el capitalismo hace amago de derrumbarse, todos los poderosos tiemblan viendo a su imperio tambalearse encaminado hacia un Apocalipsis fatal. Otro de esos aspectos a los que la tarjeta azul nos conduce es al de la seguridad extrema que la democracia actual necesita para sustentarse, para crear ese consentimiento que impida a las mentes rebeldes aflorar, poniendo en peligro este sistema desigual. La seguridad es un tema que cualquier asesinato, cualquier robo parece justificar, de modo que nunca se tiene bastante, siempre la sociedad reclamará más, inconsciente ante la pérdida de libertades adherida a semejante cuestión. En este punto, en el que ya hemos rebasado las condiciones sociales que relataban Orwel o Huxley, en su mundo feliz, cuesta creer en una reforma social que nos acerque más al racionalismo y la libertad, convertida ahora en emblema de aquellos a los que le interesa arrebatárnosla. En fin, la selección de los inmigrantes en condiciones óptimas no sólo es una técnica aberrante y propia de animales sin cerebro, sino que alimenta el odio entre razas, supone un excesivo control sobre el conjunto del mundo y sus habitantes y, lo que es más importante, convierte al ser humano en un robot, una máquina que tiene que rozar la perfección si quiere sobrevivir con dignidad en esta vida frenética, donde lo único importante es producir, el trabajo y lo monetario.

Cuesta creer, así, que pocas sean las voces que se opongan a la ignominia de la tarjeta azul, otra artimaña más de los mandamases mundiales para convertirnos en salvajes alimañas a su entera disposición. ¿Cómo podemos seguir confiando en esta democracia, la de los fuertes y arios? ¿Cómo nos fiamos todavía de los políticos? Cada vez son más los casos de corrupción, cada vez más las especulaciones, las apropiaciones, las subidas de sueldo y demás. Carlos Fabra, ese millonario arrogante e irrespetuoso con los medios de comunicación, sigue impune a pesar de las decenas de delitos acometidos por su persona, y a nadie parece alterarle, porque lo único que importa a esta ciudadanía adormecida por las tramas comunicativas, es el fútbol, la televisión y el consumo, vivimos completamente ajenos a que dos tercios del planeta se encuentran sumidos en la más extrema pobreza, o condenados a trabajar más de sesenta horas por una miseria. Y encima aquí les ponemos trabas, inconscientes a la realidad: que todos somos un poco culpables de su situación.