Civilización y barbarie

El martes 25 de este mes transcurrió internacionalmente el Día contra la violencia de género. Si tratamos de no quedarnos únicamente con el acto simbólico, dicho acontecimiento nos sirve para reflexionar acerca de ese lastre que la sociedad española arrastra desde tiempos innombrables.

La reconocida figura del macho ibérico, tan generalizada en nuestro país a lo largo de los años, no es más que otro intento de supremacía de unas personas sobre otras, al igual que la llamada raza aria en Alemania o las tradicionales luchas de clases a lo largo de los siglos. Una doctrina particular que demuestra que una inmensa cantidad de gente no se siente cómoda cuando siendo igual a otros y a otras. Algunos han nacido para destacar. Así, los machitos españoles no son más que pseudoparásitos tardíos de la época franquista, mucho más diseñada a su imagen y semejanza que la actual.

El macho español es arrogante, vanidoso, descuidado. Les gusta marcar su territorio, así como el verbo poseer. Lo poseen todo: la casa, el coche, los muebles… y hasta a sus conyuges. Han sido educados para ser los receptores pasivos en las tareas del hogar, para cumplir en la cama y mandar, y cuando no lo hacen, se enfurecer, porque sienten su territorio minado. Vieron con ojos escépticos la incorporación de la mujer al mundo laboral. Y, cuando éstas lo lograron, ni siquiera movieron un dedo por ayudarlas, todo siguió igual en casa.

Estamos en 2008 y la cifra de maltratos sigue sin reducirse drásticamente. Persiguen cientos de muertes por violencia machista al año, bajo el silencio avergonzado del resto de la sociedad. Aumentan las medidas judiciales y políticas, pero parece que nadie se da cuenta de que es éste un problema estructural. Lo que fallan no son las leyes, sino la educación. Y, mientras los héroes de las películas sean los hombres, y las mujeres sólo tengan reservado el papel de tía buena, mientras las princesas y las muñecas sigan siendo cosa de niñas, la publicidad siga estereotipando su particular imagen sexista de la sociedad, nada cambiará en la base, y civilización y barbarie seguirán conviviendo bajo un mismo paradigma social. El Ministerio de Igualdad es un paso, pero quizás falta otro más importante: que comience a funcionar realmente, a pleno rendimiento, y que no se quede en el mero acto significativo de su creación. Hace falta concienciación, supresión de roles y esquematismos tradicionales. Urgen más mujeres en puestos de responsabilidad institucional, para que el sistema se pueda cambiar también desde el núcleo de las empresas, las que más sexismo generan.

Es necesario, también, un lenguaje no sexista, que reconozca por igual a esa mitad de la población que casi siempre queda en el tintero. Para ello, sería imprescindible la aplicación de la ley de Igualdad a la institución de la Real Academia de las Letras, sin duda alguna una de las que más marcado acento misógino adolece. Cuando dejen de existir oficios de chicas, y trabajos de chicos, deportes de chicas y de chicos, juegos de chicas y de chicos, maneras de chicas y de chicos, etc. entonces y sólo entonces habremos logrado dar un paso en el vencimiento de los valores propugnados por el machismo español.

Por qué perdimos la guerra

La guerra civil española supuso un enfrentamiento sanguinario entre dos ambos históricamente irreconciliables, dos Españas condenadas a una continua lucha por diferentes concepciones de afrontar la política. El conflicto supuso no sólo un punto de inflexión en la historia del país, fruto del cual quizás terminó esa imposible convivencia –primero con la dictadura excluyente, luego con la democracia moderada-, y también muchas de las aspiraciones republicanas y sociales, en una época en que los ciudadanos contaban con un alto nivel de participación política.

Mucho se ha especulado acerca de las causas de aquella derrota trágica en los albores de 1939. Una derrota anunciada que no fue más que el preludio del desmoronamiento definitivo de una izquierda desunida e incapaz de afrontar a los problemas con independencia. Tras la defensa gloriosa de Barcelona en 1936, orquestada principalmente por milicias anarquistas configuradas espontáneamente por la población concienciada y unida, lo que parecía el final no supuso más que el principio de una guerra larga y tortuosa. Rápidamente, el sindicalismo libertario de la época, organizado principalmente por la CNT y la FAI –sindicatos predominantes por entonces- articuló un nuevo orden paralelo al Estado reconocido, organizado por comités y asambleas, en el que todo poder quedaba suspendido indefinidamente. Fueron meses de nuevas experiencias en Cataluña, de colectivizaciones independientes, solidaridad y progreso económico. La primera experiencia anarquista en España estaba resultando todo un éxito, en parte gracias a la concienciación y la voluntad populares.

Sin embargo, un gobierno incapaz, encabezado por políticos inoperantemente pasivos y confiados en cuanto al avance de una guerra que creían prontamente solventada, fraguó una venda ineludible para los intereses de la nación, que se prolongaría durante los tres años de conflicto. Desde un principio, desde los Comités Antifascistas se promovió la necesidad de desarrollar una guerra de guerrillas –de origen incluso nacional- en lugar de una típica ofensiva militar para acabar con el levantamiento, pues los escasos apoyos internacionales a la República, a diferencia de los prestados a las hordas facciosas, convertían la opción de guerra abierta en un auténtico suicidio. Pero el gobierno central, encabezado por Negrín, y presidido por Azaña, no sólo desoyó los consejos de los sindicatos mayoritarios, sino que se entregó decididamente y sin ningún tipo de condiciones a la política estalinista, un ente abstracto dispuesto a influenciar de la forma que fuera en tierras españolas. Así fue como todo el oro de Moscú se marchó hacia Rusia, y como las armas comenzaron a escasear entre las tropas anarquistas, mucho más aguerridas y disciplinadas que el mercenario Ejército de la República.

Juan Negrín buscó en los comisarios soviéticos un escudo en el cual refugiarse durante toda la guerra, y, como consecuencia de ello, la República y sus aliados tuvieron precios considerables a pagar. El comunismo ruso sabía cuán peligrosos eran los anarquistas españoles, partícipes de un movimiento fuerte que, en cualquier momento, podría haber desencadenado una revolución social importante. Dicho y hecho. Andreu Nin fue asesinado por espías rusos. Su partido, el POUM, ilegalizado, y acusado injustamente de fascista. Dichos acontecimientos privaban a los defensores de la legalidad democrática de una gran cantidad de valiosos y valientes hombres. Pero sin duda alguna el acontecimiento que terminó por declinar la guerra fueron los hechos de mayo de 1938.

El gobierno, totalmente entregado a la perversión del estalinismo, no sólo destrozó las colectivizaciones que con tanto éxito se desplegaban los campesinos en los campos agrícolas del Levante español (véase cualquiera de los libros de Joaquín Costa sobre el tema), impulsados por los sindicatos socialistas y anarquistas, sino que comenzaron una batalla decisiva en el curso de la guerra a mediados del 38. La policía republicana asaltó sin motivo aparente el edificio de Telefónica en Barcelona, colectivizado espontáneamente por el pueblo catalán. Algo tenían que esconder los órganos comunistas, conversaciones comprometedoras con Moscú quizás, pero lo cierto es que fue la gota definitiva que colmó el vaso de las humillaciones. Anarquistas y comunistas se enzarzaron en una lucha sangrienta e inútil, mientras las tropas de Franco se frotaban las manos ante la destrucción gratuita de sus enemigos.

La represión no terminó ahí. Las checas continuaron, cientos de anarquistas fueron asesinados como vulgares animales, sin más delito que el de pensar diferente. El movimiento libertario entró entonces en un trance, agilizado por la dictadura funesta, del que nunca más ha vuelto a resurgir. La guerra se perdió. Muchos murieron, pero los dirigentes republicanos, aquellos que se habían caracterizado por la pasividad y el institucionalismo consiguieron exiliarse con vida de un país maldito al que habían condenado con su centralismo, sus exclusiones y sus malas decisiones

La solución

La Generación de los 80 es conocida por muchos nombres. Son los descubridores del botellón, de las nuevas sustancias alucinógenas, de la vagancia y el escaqueo. Términos constantemente repetidos, machaconamente lanzados por los medios de comunicación, también reinventados por los nacidos en esta época. En su madurez, la sociedad de la información se hizo viva, dejo de ser un germen para convertirse en una realidad. Enganchados a los videojuegos, a Internet, a lo audiovisual, subproductos degradantes de la época post-capitalista que los convirtieron en zombies a los quince años. Vieron renacer de sus cenizas a la economía de mercado, muchos de ellos vieron caer el muro de Berlin, a la vez que fueron divisando la construcción de numerosos muros alrededor del mundo, cada vez más altos, cada vez más infranqueables.

Una pequeña porción de jóvenes, sin embargo, decidió desde un primer momento desprenderse de las vendas impuestas por el influjo dominante de la comunicación unidireccional manejada desde las grandes multinacionales del imperio, divisar los muros e intentar construirlos. Mayo del 68 sólo fue una gota. Desde entonces, el sistema buscó nuevas formas de actuar contra los disidentes, alejadas de la violencia. Las porras ya no funcionaban en las democracias avanzadas, así que los medios de comunicación se convirtieron en los nuevos instrumentos de control de las masas descarriadas, incapaces de vivir con orden, incapaces de administrar la ínfima libertad que el poder les había concedido. Éstos jóvenes visionarios también se deshicieron de las etiquetas impuestas. Dejaron de ser la generación del botellón y de las drogas de diseño. Se alejaron de las pantallas o a las utilizaron con fines sociales. Para organizarse y luchar. Sustituyeron las videoconsolas por los manuales de Chomsky. Se deshicieron de las cadenas y de los estereotipos inculcados por una publicidad presente en todos y cada uno de los momentos cotidianos, y convertida en necesidad de la proporción mayoritaria de la ciudadanía. Denunciaron la globalización, no por estar en contra de la aceptación de la diversidad, sino porque sólo era un mecanismo más para construir nuevas barreras que obstruyeran el edificio público de pensamiento. Porque en su letra pequeña venía la palabra privatización.

Atravesaron el túnel, lograron salir de la caverna platónica y contemplar el mundo desde la perspectiva real, alejada de los dogmas partidistas y las teorías democráticas de feria. El mundo de las ideas se alzaba al fin ante ellos. Como el ser humano es un animal social, se organizaron rápidamente, sin pausa pero sin prisa. Colectivos, asambleas, coordinadoras, novísimos movimientos sociales, redes sociales a través de Internet, ateneos, centros sociales ocupados, comunidades. Como no podían pagarse una vivienda, a pesar de que había miles vacías, la ocuparon. Construyeron un mundo perfecto entre las desaprovechadas paredes de las casas ocupadas, su mundo, y no aquel que les querían hacer ver como el único, el impuesto desde arriba. Y allí vivieron, y viven, alimentándose de lo que producen, educando a los niños desde la igualdad y el amor a la naturaleza, cultivando, organizando talleres, teatros, cinefórums. Cultura alternativa como arte de liberalización.

El movimiento asambleario, donde realmente se escenifica la democracia directa y verdaderamente participativa de todos los ciudadanos sin distinción, es su principal baza. Los boletines de contrainformación, los blogs y las redes sociales, sus medios de comunicación, alejados por supuesto de las élites institucionalizadas. A través de ellos siguen organizándose, intentan abrir las mentes de los que todavía viven en la caverna. Las injusticias lanzadas desde los centros de control de un mundo cada vez más global -en el sentido del unicentrismo- les unen más. En los últimos días los estudiantes universitarios y de bachiller lo han demostrado. Prácticamente a diario hay actos contra el proceso de convergencia europea, conocido como Plan Bolonia. Cuando la burocracia elefantiásica elude la confrontación y discrepancia con millones de manifestantes en toda Europa, evitando el diálogo, y alude a los problemas de información de los estudiantes como causa de las protestas, algo falla. Y no sólo es la democracia, que se deteriora a diario, muriendo entre los cajones de un sistema parasitario que incluso amenaza con despedazarla. Hay algo más, una fuerza superior y nebulosa que cabría identificar y suprimir de raíz. Sin duda alguna, estos jóvenes, los mismos que ayudan a gente sin recursos, a inmigrantes sin raíces o a personas dependientes, pronto hallarán la solución.

No, we can't

El 4 de noviembre de 2008 pasará a la historia por ser el día en que el primer presidente negro alcanza la presidencia en un país como Estados Unidos, donde hace a penas unas décadas ni siquiera podían votar. El triunfo de la democracia, la llegada del cambio. Con independencia de que el resultado iguale al nivel retórico gracias al cual Obama ha conseguido ser ganador, el 4 de noviembre de 2008 también será recordado (aunque menos a escala global) por ser el día en que los universitarios y las universitarias consiguieron su propósito de debatir con el rector acerca de la entrada de la Universidad de Valencia en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.

El movimiento universitario en Valencia, en el cual los y las estudiantes se han organizado a través de asambleas nítidamente horizontales y sin dirigismos políticos de ninguna clase, ha sido todo un éxito en cuanto a las formas. Miles de estudiantes se concentraron en el día de hoy en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación para un debate abierto con ese ente al que todos daban por inexistente, de nombre Francisco Tomás, rector de la Universidad, y en teoría representante de nuestros intereses.

La asamblea discurrió de forma pacífica, pero el rector no estuvo dispuesto a posicionarse hasta que el cuello de la corbata comenzó a aprisionarle en su cárcel interior, demasiado como para soportarlo. Sólo entonces, siempre con la sonrisa en la boca y siempre alabando la lucha estudiantil, comprendiéndola y calificándola de extraordinaria en el derecho a la libertad de expresión, rechazó el referéndum vinculante, único punto en el que los y las estudiantes no estamos dispuestos a ceder. Lo único que alegó para su oposición fue el hecho de que los estatutos de la universidad lo impedían. Siempre los estatutos. Siempre ese Derecho del que el Estado bebe y que parece haber sido configurado en contra de los verdaderos derechos y libertades de los ciudadanos.

La conclusión acerca de su posicionamiento y el de la institución fue clara. Nadie tiene ni el más mínimo conocimiento de qué demonios es realmente Bolonia, cómo viene y cómo se va a aplicar. La fecha también es una incógnita, lo que nos deja a los y las estudiantes como los conejillos de indias que ven venir de las inyecciones de los médicos su triste final, sin poder hacer nada por remediarlo. Esta “revolución educativa” es claramente incompatible con el actual modelo de universidad, estancado, endeudado y totalmente rígido en cuestión a nuevas modificaciones. Si, como se presupone, nadie va a aportar ni un solo euro para realizar el cambio, ¿qué va a cambiar realmente en beneficio de los estudiantes? ¿No será como ese “cambio” que promueve Obama? ¿Ese que siempre anuncian y que nunca llega para los ciudadanos de a pie?

Una vez más, los estudiantes han demostrado que, por mucho que los medios de comunicación les tachen como la “generación del botellón”, en cuestiones de lucha social y organización no hay quién les gane. El adoctrinamiento pasivo que promueven desde la Unión Europea no es aceptado por los críticos salidos de un sistema universitarios público que precisamente ellos mismos pretenden derrumbar. Porque la crítica no tiene lugar en la nueva Europa. Sólo el capital de las grandes empresas. El dinero, siempre el dinero. Cuando los órganos de apariencia democrática ponen trabas a la participación de los ciudadanos, cuando uno es consciente de la débil estructura institucional y su rigidez. Cuando las opiniones de la mayoría no son vinculantes porque las normas así lo dicen. Es entonces, después de todos esos supósitos, cuando uno se da cuenta de la farsa política en la que se halla inmerso, orquestada por unos políticos alejados de la realidad social, que se creen en el derecho de imponer lo que creen que será lo mejor para todos. Es entonces cuando la democracia muere en sus cajones, y, desprovista de su fachada de libertad e igualdad, muestra su verdadero rostro, cubierto de miseria y humillación.

Una Constitución de 30 años

La Constitución Española de 1978 nació en una situación sociopolítica extremadamente compleja y adversa. Tras cuarenta años sin conocer la soberanía, el pueblo español respiraba un ambiente enrarecido marcado por la ausencia de aquel que había acaparado los tres poderes del Estado durante dicho período de tiempo. De este modo, no es de extrañar el temor generalizado que gobernaba a las Cortes Generales durante la tramitación del proyecto constitucional.
El proceso constitucional orquestado por Adolfo Suárez fue del todo anómalo. En primer lugar, porque no hubo proceso constitucional como tal. No existió gobierno provisional alguno, ni Cortes unicamerales encargados de redactar la Constitución, asuntos imprescindibles cuando se dirime un asunto de tal trascendencia como la “ley de leyes” de un Estado de Derecho. Pero, sin duda alguna, la peor irregularidad de todas fue aquella que decidió prescindir de algunas de las fuerzas Parlamentarias en el proceso, con el objetivo de facilitar el consenso, excusa muy repetida con el fin de justificar algunos de los problemas con los que debían librar los ponentes constitucionales. Así, no estuvieron presentes en la Comisión Constitucional ni el grupo mixto ni la minoría vasca. ¿Es entonces de extrañar que muchos vascos clamen contra la Constitución, o aleguen que no se sienten identificados con ella?

En diciembre del mes entrante, nuestra Constitución cumplirá 30 años, período suficiente para deliberar sin temor alguno acerca de sus principales carencias, algunas de ellas previsibles desde el momento en el que el proyecto se convirtió en un hecho, sometido a referéndum, y convertidas ahora en un auténtico problema nacional.

1. El establecimiento del consenso como principal objetivo lo convirtió precisamente en una limitación, un lastre que perduraría en todas y cada una de las sesiones de las Cámaras. Una de las máximas de los artífices del proceso fue la negación permanente del disenso, así como el intento constante de erradicar el conflicto en todos y cada uno de los temas tratados. ¿Cómo es posible dicha afirmación, si el objetivo era el establecimiento de una democracia, forma de gobierno en la que el pensamiento único no tiene cabida, sino que debe nacer de la confluencia de los conflictos ideológicos de sus ciudadanos? El resultado fue devastador. Si bien la II República se había caracterizado por una activa participación de los españoles (en los que realmente descansa la soberanía nacional) en la política, en parte gracias a la proclividad de los partidos políticos de la época, el nuevo sistema creado por la Constitución de 1978 eliminó dicha participación, desde entonces tan sólo limitada a la elección de los gobernantes cada cuatro años. Si la política es todo lo que tiene que ver con el conjunto de las relaciones entre los ciudadanos en una sociedad organizada, no se entiende que queden excluidos de la vida política, prolongando la desideologización deliberada que promovía el régimen franquista.

2.- El Artículo II decreta: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. La ambigüedad reinante entre la primera parte del artículo y la segunda reflejan con total claridad la constante imprecisión fruto del intento de consenso que domina la discusión los grandes temas del proceso. Hoy en día, treinta años después, el problema de las naciones y pueblos que constituyen la riqueza de la diversidad de la Península, ya presente desde la fundación del reino español, no ha hecho más que agudizarse, hasta acaparar uno de los principales quebraderos de cabeza del Estado. Si entendemos como nación la comunidad que, arrancando de un pasado histórico común y, mediante la síntesis de diversos elementos no exclusivos, intenta constituirse en Estado, no hay duda de que España no es ni mucho menos una unidad indisoluble (concepto con altas connotaciones franquistas), sino un conjunto de naciones que mucho mejor se adecuaría, si observamos detenidamente la historia, al concepto de Estado Federal, cuestión que ni siquiera se contempló en el proceso constitucional.

3.- Otras de las grandes injusticias constitucionales derivan de la existencia de un sistema electoral que no sólo favorece la elección de partidos conservadores por el criterio territorial de representación que se le concede al Senado, primando aquellas provincias con menor número de habitantes (tradicionalmente más conservadoras), sino que también beneficia a las mayorías estables, fomentando un bipartidismo que dificulta la pluralidad y, precisamente, el consenso a la hora de votar determinados asuntos, y condenando al resto de formaciones políticas al ostracismo electoral.

4.- El título X de la Constitución Española la convierte en una de las más rígidas de la esfera europea. La dificultad para llevar a cabo reformas en su seno conduce a un inmovilismo que transmite la sensación de que, en treinta años, la sociedad española a penas ha evolucionado. La modificación de este título es indispensable si realmente queremos una Constitución que reconozca a la historia como una sucesión de logros y avances humanos encaminada hacia una sociedad lo más libre y progresista posible.

5.- El principal pacto de la Constitución fue el del olvido. Dejar aparcados los problemas de la dictadura y la guerra civil era una determinación difícil pero necesaria para lograr un mínimo consenso entre las fuerzas políticas y asegurar el tránsito hacia una España democrática. Sin embargo, tres décadas después de la muerte de Franco y setenta después del fratricida enfrentamiento, el olvido no puede seguir siendo el pilar sobre el que descansa la sociedad española. Muchos han muerto sin poder cerrar las heridas causadas durante el período de guerra y posguerra, y el régimen franquista es uno de los pocos que no han recibido juicio ni castigo alguno.

La hora de la memoria

La historia puede definirse como la ciencia de la memoria , y las instituciones encargadas de elaborarla, estudiarla, conservarla y perpetuarla son historiadores, Academias, Departamentos y Facultades Universitarias. Sin embargo, en ese laberinto memorístico, todos esos elementos se dan de bruces con el aparato judicial, aquel sobre el que descansa el actual Estado de Derecho. Así, resulta imposible cuantificar el número de víctimas del regimen franquista sin excavar en la tierra que el dictador se empeñó en rellenar.

Cientos de familias, unidas o no en asociaciones por la recuperación de la memoria histórica española, consiguieron al fin un halo de esperazna cuando el juez Garzón emitió en un auto sus objetivos, que al menos cumplían los mínimos exigidos por todos aquellos que todavía conservan la esperanza de dar a sus familiares una sepultura decente. Y es que, por extraño que pueda parecerle a algunos, a nadie le resulta gratificador saber que personas con la misma sangre descansan hacinados en algún lugar recóndito que nadie acierta exactamente en precisar.

Sin embargo, el legislativo se mantiene en sus treces una vez más, prolongando ese espinoso pasillo silencioso que la Transición se empeñó en acuñar, perpetuando treinta años más el que fue el objetivo primordial de Franco durante su angustiosa dictadura. Dicho silencio fue necesario, entendido en un proceso ambiguo en el que ninguna de las partes interventoras estaba dispuesta a ceder, y el peligro de una intervención armada del ejército siempre sobrevolaba en medio de una perpetua tensión política e institucional.

Pero esa afonía total presente en la sociedad es totalmente inadmisible, teniendo en cuenta las reivindicaciones de esas centenares de familias, muchos de los componentes las cuales han fallecido sin conocer el paradero de aquellos que tanto lucharon por encontrar. Alegar en estos momentos, tras setenta y dos años, tempranía en el proceso, o el hecho de que se reabrirán heridas, no son más que intentos por ocultar algo por parte de aquellos que tienen alguna cosa que esconder. Abrir las fosas no reabrirá heridas, sino que cerrará aquellas de los que han vivido en vilo durante tantos años, y podrá al final cicatrizar muchas de las agonías de los familiares de las víctimas, convertidos por ende en víctimas de la dejadez de las administraciones durante años y años.

El debate está abierto, hay un juez dispuesto a eliminar las trabas legales que se puedan presentar ante el caso, y, por tanto no hay que desperdiciar una oportunidad que quizás sea la única. POrque ahora es el momento, porque nunca habrá un consenso total en esta España que sigue dividida, y que continuará así hasta que aquellos que se oponen a romper con las trabas del silencio, y que con ello encadenan a la historia y al conocimiento de la humanidad se decidan a hacer justicia otorgando el derecho de las víctimas a conocer el paradero de sus familiares, caídos por la feroz represión ejercida por un régimen tiránico e ideológico.

La libertad de los pueblos

Oímos continuamente historias sobrecogedoras de asesinatos y violencia callejera en ese territorio tan desconocido, anexionado a la Península, llamado Euskadi. Pero, en realidad, basta con una rápida encuesta sobre la población para comprobar el gran desconocimiento que respecto a este país maravilloso, repleto de paisajes emblemáticos y una historia apasionante, mantiene la sociedad en general.

Conviene aclarar y matizar algo que los medios de comunicación tienen bastante descuidado, a pesar de su importante envergadura dentro del sistema español, como es el conflicto vasco. La simplicidad y uniformidad en que parece anclada la actual sociedad de la información, quizás empujada por la rapidez de vida, las prisas o el escaso tiempo dedicado a la reflexión, crea una división de párvulos en cuanto al problema que existe en el País Vasco. Así, dicha simplicidad nos conduce a asociar a los nacionalistas con los terroristas, etarras con rostro de políticos que no hacen más que alentar el asesinato y el miedo. Sin embargo, no todo se reduce a la estereotipada visión de un mundo con dos bandos (buenos y malos), sino que cabe matizar, en todos y cada uno de los aspectos importantes de esta vida. No todo es blanco o negro, afortunadamente, aunque la amplia gama parece causar pavor intelectual entre las masas.

El nacionalismo, esa corriente en peligro de extinción como consecuencia de la continua propaganda por la unidad, muy típica en España desde el principio de los tiempos, no es más que la defensa de unas culturas, tradiciones y, sobre todo, un lenguaje, con el objetivo de que se pierda. Pese a que se especula mucho con la amenaza que pueden suponer lenguas como el euskara o el catalán para el español, lo cierto es que éstas continúan muy minoritarias, y tienden a la desaparición. Por lo tanto, no hay por qué temer a aquellos que, defendiendo sus propios valores desde la no violencia, pugnan históricamente por conseguir una menor dependencia de un país que no consideran como propio.

Lo cierto es que la presencia de Euskadi en España es bastante ilógica, y sólo responde a consecuencias del propio azar físico de la formación de los territorios. El pueblo euskaldun poco tiene que ver con el español, si nos atenemos a la lengua (que no deriva de ninguna de las conocidas en Europa) o a la cultura vasca. No es de extrañar que este rasgo diferenciador haya impulsado una vertiente nacionalista en tierras vascas, que persiga la independencia. Sin embargo, el mucho más perverso nacionalismo español, que alenta a la unidad perpetúa de las naciones, se ha encargado de reprimir con saña al resto de culturas que cohabitan en la península, acto siempre saldado impunemente. Pero si una mayoría ciudadana que no se considera española quiere desprenderse de esta denominación impuesta, ¿por qué no hacerlo? ¿No es la democracia la consecuencia de la voluntad popular? ¿Por qué una consulta al pueblo es ilegal entonces?

La tensión en Euskadi ha sido siempre insostenible. En un país en el que no existe la libertad de expresión, y en el que es obligado el posicionamiento sin matices, es muy difícil disfrutar de esa riqueza que el idioma y la cultura vasca otorga al pueblo. Continuamente, desde Madrid se ha respondido a las intenciones nacionalistas de algunos partidos políticos con que “primero el fin de la violencia, luego la autodeterminación”. Es éste el principal problema del conflicto, el que lo encadena a una espiral de violencia perpetua que jamás cesará. Alguien tiene que ceder, por lo tanto, y no parece que ETA esté dispuesta a ello.
La tozudez ciega del gobierno le impide ver las cosas de forma clara, y el diálogo con la mayoría nacionalista vasca para poner fin al conflicto debe ser el cimiento sobre el que se base el proceso de paz. No se trata de no ceder a ninguna exigencia, porque, como hemos dicho, no existen dos únicos bandos, sino que existen individualidades sometidas a las presiones de una sociedad que no admite de medias tintas. O se apoya el radicalismo de los grupos abertzales o se está contra el nacionalismo. Y no es así.

La sociedad vasca está harta de tanta muerte, de tanto sufrimiento, de miradas furtivas y controles exhaustivos de sus vidas. La solución, como se vio en Irlanda, pasa por el diálogo, ni más ni menos. Y no sólo del diálogo con los terrositas, el cual se ha visto frustrado en numerosas ocasiones, sino también con los nacionalistas, la fuerza de mayor apoyo en la sociedad, a la que parece desatenderse con esta omisión. Mientras esto suceda y todas las partes sigan con su tozudez intransigente, la cultura vasca seguirá siendo la víctima injusta de los delirios e incapacidades de los hombres. Quizás una reforma de la Constitución, que someta a tela de juicio el Estado de las autonomías, injusto para aquellos pueblos que aspiran a constituirse como naciones, encaminado a una revisión de un futuro federalismo, sea otro posible camino a trazar. Sólo un estado como el federal, que permite la descentralización progresiva del poder, es el más justo para España, teniendo en cuenta la variedad de culturas que entre sus fronteras se vive, a excepción de cualquier otro de los países de la Unión Europea. La unificación del poder, sin embargo, más propias de tiempos atrasados vinculados con el franquismo, somete a los pueblos a las órdenes centrales y angustia la pluraridad de voces, fomentando el bipartidismo y la carencia de ideas alternativas.