Canal 9: el NODO valenciano

Todos los investigadores de la comunicación franquista destacan al NODO como uno de los más poderosos propagandísticos –sino el mayor- del régimen. Se trataba de un mini-informativo, con noticias muy particulares, encabezado por la frase “la información mundial al servicio de los españoles”. Esa “información mundial” que se vanagloriaba en ofrecer antes de cualquier proyección en los cines, a penas mostraba una o dos noticias, siempre nacionales, siempre protagonizadas por el Caudillo. Ahora bien, a nadie se le permitía entrar después de su emisión, se consideraba sagrado y, por tanto, constituía un poderoso instrumento de adoctrinamiento, al mostrar un punto de vista muy subjetivo y desenfocado de la realidad española.

El NODO murió con Franco, pero algunas de sus tendencias y prácticas han continuado y continúan en algunos medios audiovisuales del país. Sin irnos más lejos, algunas televisiones públicas provinciales ejercen de auténticas correas de transmisión de las medidas e ideologías de los partidos gobernantes en dichos territorios. Hablamos de Telemadrid, pero también de Canal 9, la televisión autonómica valenciana.

Y es que el presidente valenciano, Francisco Camps, es el nuevo Franco para los informativos de Canal 9. Si bien una de las características del viejo NODO eran las continuas noticias superfluas sobre inauguraciones de pantanos diversos por parte del Generalísimo, notificamos en Canal 9 la misma proporción de superficilidad, así como un alto grado de noticias copadas por la imagen de Camps. Todo lo que inaugura es susceptible de ser noticia, potenciando con ello una imagen positiva del líder, siempre sonriente y con sapiencia de done se encuentra la cámara en cada momento.

Pero lo más escandaloso de todo ha sido la completa omisión de cualquier imputación del presidente en la trama Gürtel, un instrumento de manipulación al servicio de la Consellería, totalmente permisiva con dichas prácticas beneficiantes. Papel determinante también han tenido los servicios informativos –presididos por Pedro García, amigo íntimo de Camps-, en las sucesivas victorias –regionales, nacionales y europeas- del Partido Popular, a pesar de los continuos casos de corrupción (Carlos Fabra, Costa, Camps, etc.) o las protestas masivas contra algunos consellers por sus prácticas inefables, como el de educación, Alejandro Font de Mora. Y es que basta con observar un telediario para darse cuenta de la gran primacía que las informaciones casi institucionales, todas del PP, gozan de primacía ante el resto de partidos políticos.

La unidireccionalidad de los mensajes propugnados por esta cadena pública va más allá, en un adoctrinamiento enraizado en la tradición más abiertamente anti-catalana, de naturaleza blavera –corriente nacida de los valencianos nostálgicos de la minorización del valenciano durante el franquismo-, utilizando una lengua considerada por todos los filólogos como totalmente inadecuada, llena de barbarismos e interferencias castellanas. Por otro lado, sorprenden noticias como las listas elaboradas dentro del medio, con una serie de palabras terminológicas que no deben usarse por ser consideradas “demasiado catalanas”, pero que en realidad, consultando cualquier diccionario, las propuestas resultan ser meros sinónimos e incluso a veces palabras inadecuadas de nuevo, a otras que realmente son valencianas (lo que demuestra su carácter de dialecto catalán sin duda alguna).

Otras de las listas de las que tenemos noticias son de aquellas en las que se señalan las posibles personas que podrían no ser afectas al PP, lo que supondría una automática purga mediante algún mecanismo rocambolesco para evitar sanciones. Ese es verdaderamente el gran drama para la democracia valenciana: el hecho de que ningún organismo sancionador del audiovisual tenga capacidad para actuar sobre los comportamientos dictatoriales de algunas cadenas públicas de televisión. A la espera quedamos todos de ese plan que Rodríguez Zapatero anunció ya tiempo y que parece no llegar nunca, en forma de nueva ley del audiovisual.

El funcionamiento orwelliano de la inspección educativa valenciana

En 1984, George Orwell creó una utopía negativa de una sociedad dominada por el Gran Hermano, una figura a medio camino entre el particular comunismo entendido por Stalin, el fascismo y la dictadura capitalista que puede llegar a ser la sociedad del mercado, con individuos totalmente alineables y decididamente manipulables para ejercer la pieza de engranaje que hace falta para que la sociedad funcione. Es decir, una vuelta de tuerca a la utopía de todas las utopías, aquella que escribió en su día el también libertario Adolf Huxley. Con Un Mundo Feliz, describió a los seres humanos como embriones preselccionados y dispuestos para cumplir una función especializada en la sociedad, a cambio de una ignorante felicidad.

Todo esto nos desvía del tema principal del artículo de hoy, que no es otro que la kafkiana organización de la inspección educativa en el País Valenciano, el de los presidentes imputados, el de los apellidos y nombres con C de corrupción (Costa, Camps, Carlos Fabra, etcétera). Y es que en los últimos meses, cientos de directores de colegios o institutos valencianos que esperaban ser renovados en su cargo han visto como aplacables inspecciones han puesto en peligro no sólo su situación futura, sino la de los centros públicos a los que pertenecen, que parecen afrontar el verano sin nadie que los comande, a la deriva.

Es el caso del director del IES Eduardo Palop, de Enguera, Virgilio Perona. Tras veinte años ejerciendo el cargo, con numerosas medallas a su labor en la integración de inmigrantes y la acogida de nuevas tecnologías y el apoyo tanto de los padres de los alumnos y las alumnas como del profesorado, un informe acusándole de delitos menores (unas obras que se excedieron en 27 metros cuadrados, en las tierras por excelencia del pelotazo urbanístico) parece poner en tela de juicio su continuidad. Fuertes sospechan levantan sus desavenencias –principalmente ideológicas- con el alcalde de la localidad, el popular Santiago Arévalo; o los reiterados intentos de la exconcejala de cultura de Enguera, también profesora, por destronar a Perona.

No es el único caso, como ya se ha dicho. José Luis Santiago recibió idéntico expediente, incoado por el hecho de colocar boca abajo la imagen del conseller de educación, conocido popularmente como Alexander Fountain of Blackberry por su empeño en la impartición de Epc en inglés. Por su parte, la institución de la inspección educativa, con la fuerte responsabilidad de evaluar la gestión de los centros y facilitar el correcto funcionamiento del sistema, recibe también sus críticas. Desde que con la llegada del Partido Popular al poder de la Comunidad, se depurarán cientos de inspectores aprovechando un cambio de ley, los sindicatos educativos denuncian malas prácticas en la elección de las plazas que, en lugar de ser mediante concurso-oposición, son más bien a dedo.

Al parecer, la inspección educativa es el Gran Hermano del Consell valenciano, utilizado para controlar ideológicamente a los centros educativos y fomentar la unidireccionalidad de pensamiento, como bien pronosticaría Orwell. Las depuraciones de directores se suceden y nada parece poder detener a un consejero aferrado con uñas y dientes a su cargo, ni siquiera la más multitudinaria marea amarilla.